España Limpia
Cortar de raíz la corrupción
Las comisiones, sobrecostes, amaños y corruptelas nos roban el futuro y bienestar a todos los españoles. El FMI calcula que la corrupción nos quita cada año el 4,5% del PIB de nuestro país. Son unos 60.000 millones de euros anuales. Lo equivalente a TODO lo que invertimos en educación cada año.
Las 6 medidas
01Nuevos juzgados especializados en corrupciónLeer la medida
Se crearán juzgados especializados en corrupción, replicando el modelo organizativo de los juzgados de violencia de género. Serán dotados de suficientes medios de personal y tecnológicos. Para agilizar los juicios contra la corrupción, se hará una revisión de las reglas procesales eliminando toda dilación indebida. Se creará un órgano judicial especializado encargado de revisar cada dos meses todos los procedimientos impugnados por las partes para eliminar defectos procedimentales, evitando anulaciones futuras por defectos de orden menor. Para evitar influencias indebidas en los tribunales de justicia, los casos de corrupción de políticos en una Comunidad Autónoma serán juzgados por el tribunal correspondiente en una Comunidad Autónoma adyacente.
02El mismo control para el político que para el ciudadanoLeer la medida
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) —el órgano estatal encargado de auditar y controlar internamente las cuentas y el gasto público— contará con los mismos medios tecnológicos, capacidad de cruce masivo de datos e inteligencia artificial que la Agencia Tributaria.
Los funcionarios de la IGAE tendrán los mismos pluses de productividad vinculados a sus objetivos de control y resultados que tienen los funcionarios de la Agencia Tributaria. Se dotará a los interventores de independencia presupuestaria y herramientas de auditoría en tiempo real para fiscalizar cada euro gestionado por los cargos públicos con el mismo nivel de exigencia y trazabilidad con el que Hacienda supervisa las cuentas de los ciudadanos. Para reforzar la independencia de la IGAE del ciclo político, el Interventor General del Estado será nombrado por un plazo de seis años, irrevocable y no renovable, de forma similar al mecanismo utilizado para el nombramiento del Presidente de la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
03Fiscalía y Oficina Anticorrupción, más fuertes que nuncaLeer la medida
Se doblarán los recursos de la Fiscalía Anticorrupción para investigar delitos graves de corrupción, incluyendo equipos multidisciplinares de expertos en urbanismo, contratación pública, arquitectos, ingenieros, auditores forenses y analistas de datos. Se apoyará a la Fiscalía Anticorrupción con una Oficina Anticorrupción que se centrará en la prevención de la corrupción con poder de inspección de los mecanismos anticorrupción de empresas y partidos políticos. Tendrá poder sancionador de hasta el 10% del volumen total de negocios de la empresa sancionada por corrupción y del 10% del volumen total de ingresos del partido político sancionado. La lucha contra la corrupción se financiará con el dinero de los corruptos. El 100% de los fondos, bienes y activos financieros recuperados mediante sentencias por delitos de corrupción y sanciones de la Oficina Anticorrupción se destinará directamente a la dotación de medios para los organismos de lucha contra la corrupción.
04Los corruptos no tendrán refugioLeer la medida
Camuflar la corrupción será delito: todo cargo público que, conociendo que se ha incurrido en corrupción por parte de terceros, no la denuncie inmediatamente, tendrá responsabilidad penal. Igualmente, se tipificará la responsabilidad penal de todo cargo público que sabiendo, o habiendo podido razonablemente saber, que ha habido manipulación de la contratación en las decisiones o adjudicación de contratos en las que participe (o bajo su responsabilidad), no la haya denunciado inmediatamente. Se implantará un sistema integral de control de toda la contratación pública basado en IA que garantice la objetividad, la trazabilidad y la detección de irregularidades en tiempo real. Todos los contratos, incluidos los contratos menores, estarán sujetos a supervisión automática, publicación accesible y revisión independiente.
05Los partidos políticos no saldrán impunesLeer la medida
Los partidos responderán siempre -civilmente y de forma subsidiaria- por los delitos de corrupción cometidos por sus dirigentes en el ejercicio de funciones públicas o partidarias, excepto cuando se pueda probar que el partido tenía los estándares más altos de prevención de la corrupción, auditados independientemente de forma anual. Se suspenderá la financiación pública de un partido político cuando el partido o sus principales dirigentes (presidente, secretario general, tesorero o equivalentes) estén formalmente investigados por delitos de corrupción, malversación o financiación ilegal. Solo se reactivará si el partido implanta mecanismos de cumplimiento verificados por el Tribunal de Cuentas de forma pública y transparente.
06Quien robe a lo público, no volverá nunca a lo públicoLeer la medida
Los delitos relacionados con la corrupción no prescribirán. Cualquier político condenado por sentencia firme por delitos de corrupción, malversación, tráfico de influencias o desviación de fondos públicos será inelegible e inhabilitado de por vida para cualquier cargo público.