España Limpia
No más repartos de sillones
El reparto de los puestos en las instituciones como si fueran cromos por parte de los partidos ha hecho que más de la mitad de los españoles desconfíe de la independencia de las instituciones; entre ellas la justicia. En la democracia del siglo 21 solo caben instituciones independientes, meritocráticas e inalcanzables para la injerencia partidista.
Las 3 medidas
01Un Consejo General del Poder Judicial despolitizadoLeer la medida
Se cortará de raíz la politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): los vocales judiciales se elegirán por los jueces, sin intervención alguna de las asociaciones judiciales, como requiere el Consejo de Europa. Los vocales no judiciales tendrán que comparecer públicamente en el Congreso antes de ser votados. No se podrá nombrar a ningún vocal no judicial que tenga un conflicto de interés directo o indirecto.
02Una Fiscalía independienteLeer la medida
Se garantizará la independencia de la Fiscalía modificando el sistema de elección del Fiscal General del Estado: el Congreso (por mayoría de 3/5) elegirá una terna y el Gobierno elegirá al Fiscal General entre esa terna, previo informe del CGPJ. Se revisará el periodo del mandato del Fiscal General para que no coincida con el mandato electoral del Gobierno.
03Unos organismos de control independientesLeer la medida
Todos los representantes de todos los organismos independientes se nombrarán siguiendo procedimientos abiertos, con comparecencia pública en el Congreso y mayoría reforzada de tres quintos. Si el Congreso bloquea los nombramientos durante más de tres meses, se someterán a sorteo entre todos los elegibles. Y se reformará la duración de los mandatos de todos los organismos independientes para que no coincidan con los periodos de cambio de legislatura.
En los organismos independientes no habrá ningún político: se prohibirán todos los nombramientos de personas con carrera política en los 10 años anteriores a su nombramiento en todos los organismos independientes. Los fiscales y jueces no podrán haber ejercido ningún cargo político en los últimos 20 años. Y los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Fiscal General del Estado y el Fiscal Jefe Anticorrupción no podrán haber ejercido ningún cargo político.